a su fallo y a los 3,2 millones de euros (mal) gastados se le une ahora un pleito por infracción del RGPD

Las aplicaciones de rastreo de contactos parecían una respuesta tecnológica fantástica para contener los efectos de la pandemia de COVID-19. Llevamos meses hablando de esta tecnología y su aplicación final en la aplicación móvil Radar COVID en España, pero el resultado de ese esfuerzo ha sido un desastre.

La implementación fue errática y su implementación un desastre: menos del 15% de los usuarios en España lo instalaron, lo que hizo prácticamente inútil registrar casos positivos. Ahora hemos sabido que el Gobierno de España invirtió 3,2 millones de euros en Radar COVID, de los cuales 1,5 millones se han dedicado a su promoción. A todo esto se suma ahora una demanda con dos procesos sancionadores por violación del RGPD.

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1,5 millones para promocionar una aplicación que se ha utilizado muy poco

Según consta en Newtral, las demandas de la ONG Rights International y de un particular, Pau Enseñat, han derivado en un expediente abierto y en la apertura de dos procesos sancionadores para los potenciales «.violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la aplicación Radar COVID «.

Según las demandas, Radar COVID no cumplió con los lineamientos marcados por el RGPD, y la Agencia Española de Protección de Datos. admitió la reclamación a trámite en octubre de 2020.

La falta de transparencia fue obvia para los demandantes. La ONG Rights International España (RIS) solicitó la evaluación de impacto durante meses que era teóricamente obligatorio para lanzar una aplicación de este tipo.

Esa información llegó tarde y mal, al igual que el código fuente de la aplicación, otro requisito impuesto por el Comité Europeo de Protección de Datos. Ese código terminó por publicarse a pedido de Enseñat, pero luego se descubrió que el código estaba ofuscado y no se pudo saber si era el correspondiente a la aplicación que estaba disponible en Google Play y la App Store.

Como explicó Enseñat en Newtral, aunque en España debería haber habido esfuerzos para intentar combatir la pandemia con iniciativas como la app Radar COVID ”.que menos que pedir cumplir con la normativa«.

¿Dinero desperdiciado?

Se han invertido 3,2 millones de euros en Radar COVID, y Se han gastado 1,5 millones de euros para su promoción que sin embargo parece haber sido de casi nada.

Un desarrollador español creó un sistema que publica automáticamente datos estadísticos relacionados con el uso de la aplicación, y de acuerdo con esta información la tasa de uso oficial es solo del 1,2%: esa es la proporción de casos positivos que cargan datos en la aplicación.

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Las estadísticas también están disponibles en la web oficial de Radar COVID, y allí se indica que se han realizado un total de 7,43 millones de descargas y que el la tasa de penetración es del 18%, Pero una cosa es esa tasa y otra son los dispositivos que realmente tienen la app activa y que terminan subiendo datos, que como decíamos apenas supera el 1%.

La cifra es demasiado baja aquí y en prácticamente todo el mundo, y de hecho antes de su lanzamiento ya se indicó que para ser realmente efectivo, Radar COVID tenía que ser instalado y utilizado de forma masiva: al menos el 60% de la población debería usarlo para que el rastreo de contactos sea efectivo según un estudio de la Universidad de Oxford.

Por lo tanto, los datos revelan que la inversión en la aplicación ha tenido resultados prácticos muy pobres, y aquí pereza y miedo a la invasión de la privacidad han sido factores claros en el rechazo del uso.

Queda por ver ahora qué ocurre con esos procedimientos sancionadores que, como señalan los expertos no supondrá en ningún caso sanción económica, sino simplemente una advertencia. Para Sergio Carrasco Mayans, el abogado que maneja el caso en representación de Rights International España, «todo se queda en casa».

Vía | Newtral

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