Garantizar que las productoras registren la IP para demandar a los usuarios por la descarga.

El máximo órgano judicial europeo se ha pronunciado sobre el uso de la propiedad intelectual, los operadores y los productores. Lamentablemente para los afectados por el caso Euskaltel, que recibieron amenazas de productores pidiendo dinero por haber descargado películas, la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va contra sus intereses.


La conclusión del TJUE es la siguiente:

«El registro sistemático de las direcciones IP de los usuarios y la comunicación de sus nombres y direcciones postales al titular de los derechos de propiedad intelectual oa un tercero para permitir la presentación de una reclamación de indemnización son admisible bajo ciertas condiciones«

El caso comenzó en 2017, cuando un juzgado de Bilbao obligó a Euskaltel a entregar datos sobre las direcciones IP de algunos usuarios que habían compartido contenido sin permiso a través de sistemas P2P. El operador inicialmente se negó, pero la Justicia falló a favor de los productores. Meses después, el caso se extendió a otros operadores y a más ciudades.

Las diferentes personas afectadas formaron una plataforma y abogados como David maeztu Y David bravo, especializada en propiedad intelectual, recomienda no pagar. Ahora el TJUE se ha pronunciado sobre un caso equivalente y la impresión inicial es que la sentencia va «en contra de lo que defendimos en el proceso de los afectados por Euskaltel», según Maeztu.

¿Qué dice la Justicia sobre el registro de IP de usuarios que comparten archivos?

La demanda fue interpuesta por la empresa Mircom, en defensa de las productoras, contra Telenet BVBA, operadora que sufrió un caso equivalente al de Euskaltel. El problema era que ciertas direcciones IP de clientes se habían utilizado para compartir, a través de BitTorrent, películas incluidas en el catálogo de la productora.

Ante este hecho, surgen varias dudas. Por un lado, si el intercambio de archivos constituye una «comunicación al público de conformidad con el Derecho de la Unión» y si la productora puede solicitar información sobre las IP que comparten archivos.

La posición del TJUE es que «un titular de derechos de propiedad intelectual puede beneficiarse del sistema de protección de esos derechos, pero su solicitud de información, en particular, debe ser no abusiva, justificada y proporcionada«.

De manera relacionada, el tribunal también acepta que las productoras soliciten las IPs de los usuarios de esa red, y la comunicación de sus nombres y direcciones postales, para permitir la presentación de una reclamación.

La Justicia Europea no se opone al registro de las PHI de quienes comparten archivos en P2P o posteriores solicitudes de identificación, siempre que estén «justificadas, proporcionadas, no abusivas y conforme a la ley». «No hay ninguna obligación, pero la ley nacional puede imponerla», dice Maeztu.

En Engadget | El caso Euskaltel ya es el «caso España»: cartas y amenazas por descargas P2P (Despeja la X 1×62)

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