todos los intentos de regular Internet por parte de los gobiernos de España

Los gobiernos de ambos colores han estado tratando de regular Internet durante años. Y desafortunadamente la libertad de expresión es la gran víctima. Leyes, propuestas y reformas que, en base a aspectos como la propiedad intelectual, la seguridad o la lucha contra el terrorismo, han ido limitando lo que los usuarios pueden publicar en la red o agilizando el proceso de bloqueo de páginas web.

Desde la Ley Sinde, que marcó el inicio de la defensa de los derechos fundamentales en internet en España, hasta reformas recientes como la Ley de Propiedad Intelectual. Estos son los proyectos sobre los que hemos estado advirtiendo todos estos años y que han ido minando progresivamente nuestra libertad en Internet.

Ley Sinde

Ley Sinde

En 2011, el gobierno del PSOE aprobó la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde. Fue entonces cuando el derecho de autor prevaleció sobre otros derechos fundamentales, permitiendo un organismo dependiente del Ministerio de Cultura podría impedir el acceso a cualquier página web. Una ley que sacó a los jueces de la ecuación a la hora de bloquear páginas y otorgó grandes poderes a las asociaciones de gestión de derechos.

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (2014)

Noticias de Google

En 2014, con el PP en el gobierno, se aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se endurecieron las multas para las páginas de enlace y Canon AEDE por lo que los agregadores de contenido tuvieron que pagar a las entidades de derechos de autor. Una reforma que introdujo el concepto de «copia privada», expulsó a Google News de España y dio más poderes a los órganos administrativos para suspender dominios.

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Reforma del Código Penal (2015)

Reforma del Código Penal

Con la reforma del Código Penal se incluyeron menciones específicas para el ‘Revenge Porn’ y limitaciones del ciberactivismo. También se agregaron penas de prisión para quienes faciliten la eliminación de la DRM y se introdujeron penas para quienes emitan «mensajes o consignas» que inciten a alterar el orden público. Una vista previa de lo que luego se incluiría en la Ley Mordaza.

Ley procesal penal

En 2015, la denominada Ley Torquemada abrió la puerta a que un juez ordenara la instalación de software espía para investigar cualquier delito en la red y la creación de la figura de «agentes encubiertos informáticos».

También ese año hubo un nuevo acuerdo antiterrorista donde, con el precepto de luchar contra la amenaza terrorista, se limitaron muchos derechos de los usuarios. Una tendencia que continúa en 2021, donde la Unión Europea permitirá censurar contenidos en menos de una hora sin pasar por el juez.

Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza)

Mandíbula

Aprobada en marzo de 2015, la Ley de Seguridad Ciudadana estableció sanciones por tuitear llamadas a manifestaciones o protestas y se prohibió la publicación de fotografías de agentes de policía. Esta ley, junto con la reforma del código penal y la ley antiterrorista, es lo que popularmente se conoció como la Ley Mordaza. Un punto de inflexión en las libertades de Internet y una «criminalización de Internet» que todavía está muy presente.

“En España ha sido condenado a prisión por un chiste o una canción. Los periodistas también han sido multados y detenidos mientras informaban. O se ha solicitado prisión para los medios que han publicado filtraciones. Y las normas que permiten todo esto siguen vigentes, por lo que puede seguir pasando ”, denuncia Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Forzar la identidad de los usuarios

Queremos que detrás de las cuentas en redes sociales siempre haya una identidad y que el usuario sepa que está identificado ”, explicó Rafael Hernando, portavoz del PP. Fue una iniciativa parlamentaria con el objetivo de obligar a los usuarios a utilizar su «identidad administrativa real» al registrarse.

Mantener el anonimato es un derecho fundamental y cualquier reglamento que pretendiera prohibirlo o limitarlo «probablemente sería inconstitucional», explicó el abogado Carlos Sánchez Almeida.

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Propuesta de reforma de la Ley del derecho al honor

Otra propuesta no legal fue la reforma de la Ley Orgánica para la protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Una iniciativa para concretar ataques al honor a través de Internet. Afortunadamente, no se llevó a cabo. «Estamos preocupados por esta reforma porque Internet no requiere leyes especiales: Deben existir los mismos derechos y obligaciones en Internet que fuera de ella., y la normativa vigente sobre el derecho al honor ya cubre estos supuestos ”, explicó Pérez Alonso.

Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales

Correo no deseado

A finales de 2018 se aprobó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales. Una reforma avalada por todas las partes y que abre la puerta a Desarrollar perfiles ideológicos de ciudadanos con los datos que se muestran en Internet. y poder enviar propaganda electoral sin consentimiento previo.

Según ha aclarado la Agencia Española de Protección de Datos, la recogida por parte de las partes de datos personales es únicamente para «obtener información que les permita presionar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de dar respuesta a sus propuestas electorales».

La norma tambien ampliado el alcance del derecho a la rectificación digital y el derecho al olvido. Una ley que, entre otros aspectos, facilitó a ciertos políticos forzar la rectificación de información comprometida que aún no ha sido probada.

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual («Nueva Ley Sinde»)

Cerrado

En febrero de 2019 finalmente se aprobó la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Una «nueva Ley Sinde» acordada por PSOE, PP y Ciudadanos que supone un endurecimiento de la Ley Sinde original. La nueva ley reduce aún más el papel de los jueces y permite al Gobierno cerrar páginas web sin necesidad de autorización judicial. Un caso que vimos a finales de 2019 con el cierre de Exvagos ordenado por el Ministerio de Cultura.

«Así es como definitivamente culminaron en deshacerse de los jueces. Esta misma propuesta de liquidar por completo el control judicial para cerrar sitios web es la que detuvieron en 2011 porque era una pastilla demasiado grande para nuestras máquinas tragamonedas», explicó David Bravo, un abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual.

Decreto digital

Decreto digital

A finales de 2019 se aprobó el Real Decreto Ley 14/2019, por el que el Gobierno puede alegar «razones de orden público» para intervenir en cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de red. La medida modifica la Ley General de Telecomunicaciones para otorgar al gobierno estos poderes. «Una ley chapucera que en las manos equivocadas puede ser peligrosa», señaló Almeida.

Propuesta para eliminar los mensajes de odio

A pedido de United We Can, el Congreso aprobó la ‘Propuesta no legal sobre la prevención de la propagación del discurso de odio en el espacio digital’. Entre otras medidas, se propuso crear una herramienta única contra la incitación al odio y establecer un tiempo máximo para eliminar el contenido denunciado. El problema es que, una vez más, se intenta eliminar la figura del juez para determinar qué es un «mensaje de odio».

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Monitorear redes para perseguir engaños

Cni

La desinformación y la lucha contra las ‘fake news’ es otra de las batallas que los gobiernos han utilizado para justificar su legislación. En abril de 2020, el gobierno del PSOE propuso cambios legales para evitar que «los que contaminan la opinión pública» queden impunes.

«No creo que la lucha contra los engaños requiera un tipo específico. No lo creo porque no puede haber un tipo completo de todos los tipos de engaños. Eso llevaría mucho tiempo y no creo que estemos en el mejor momento para reformar el Código Penal ”, explica Borja Adsuara, profesor y abogado experto en Derecho.

En noviembre de 2020, el Gobierno publicó su ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’, que estableció la creación de una comisión para decidir cuándo una noticia es una ‘noticia falsa’.

Una amenaza recorre Europa: la de los gobiernos que quieren ser los que discriminen las noticias falsas de las reales.

Listas semanales para bloquear páginas de descarga

descargas

En abril de 2021, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Coalición de Creadores, la patronal DigitalES y los principales operadores de telecomunicaciones para perseguir la descarga de sitios web. Entre las medidas, se establece un comité técnico cuya tarea será la elaboración de listados semanales de sitios web que replican los contenidos de otros ya señalados por decisiones judiciales anteriores. A comité encargado de gestionar el bloqueo de sitios web sin pasar por el juez.

Ley de Uribes

España tiene hasta el 7 de junio de 2021 para transponer la directiva europea de derechos de autor. Para ello, se implementará la Ley Uribes, en referencia al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Mediante una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, se incorporará la controvertida directiva de derechos de autor que permitirá a plataformas, como la propia Google, censurar contenidos sin requerir aprobación judicial previa.

Organizaciones como Wikimedia, Creative Commons, Xnet y otras entidades han advertido de sus efectos y temen que se realice una «transposición no respetuosa de los derechos fundamentales». Como lo describe el PDLI, esta ‘Ley Uribe’ impondrá «censura previa en Internet y control de contenido por parte de robots (filtros automáticos) sin garantizar la revisión humana o el control judicial. «

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