utilizará la geolocalización de los dispositivos

utilizará la geolocalización de los dispositivos

Continúa la ofensiva gubernamental para gravar los servicios digitales de las multinacionales en los países en los que operan. Tras el anuncio de la Unión Europea de que obligará, por directiva, a las grandes empresas a declarar sus beneficios país por país y el acuerdo del G7 para que estas empresas paguen al menos el 15% de los impuestos corporativos en los estados donde generan negocio, el Gobierno de España ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incorporación de unos artículos complementarios a la Ley Tributaria de Ciertos Servicios Digitales, conocida popularmente como ‘Google Rate’, optimizar el seguimiento de los clientes atendidos por multinacionales tecnológicas.

Con esta medida, la Administración Tributaria española quiere conocer en detalle el número de clientes que las grandes empresas tecnológicas tienen en nuestro país para cobrar la tarifa en relación con los servicios que prestan efectivamente dentro de nuestras fronteras.

La ampliación de la ley de la ‘Tarifa Google’ especifica que para gravar los servicios digitales es necesario establecer dónde se han prestado, y que a partir de ahora se entenderá que se realizan en el territorio de aplicación del impuesto cuando el usuario está físicamente allí. A tal efecto, el Gobierno indica que Se utilizarán las diferentes tecnologías de geolocalización de los dispositivos de los clientes..

Empresas que deben pagar la «tarifa de Google» Deben especificar los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías utilizados para recolectar la ubicación de cada servicio prestado en un informe descriptivo trimestral. Que deberán conservar y poner a disposición de Hacienda siempre que lo solicite. De esta forma, el Gobierno no solo obtendrá la información tributaria que necesita, también asegura que los mecanismos utilizados para obtener estos datos cumplen con las leyes vigentes. Además, las empresas deberán llevar un registro trimestral de las operaciones que, así mismo, deberán llevar y entregar a la Administración cuando se les solicite.

Esta extensión también especifica la información que deberán almacenar los cuatro servicios digitales sujetos al impuesto: publicidad en línea, servicios de intermediación en línea en los que se facilitan las entregas de bienes o servicios subyacentes directamente entre usuarios, otros servicios de intermediación en línea y servicios de transmisión de datos.

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En el caso de la publicidad online, por ejemplo, el registro deberá contener datos sobre los ingresos totales derivados de la publicidad en España, su número de apariciones en dispositivos que se encuentran en nuestro territorio y la cantidad de veces que ha aparecido en cualquier dispositivo, sin importar dónde se encuentren.

Cabe recordar que la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, publicada en octubre de 2020, grava un impuesto del 3% de las rentas obtenidas en España a todas aquellas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 3 millones de euros en nuestro país. Según las previsiones del Gobierno, con esta tasa las arcas públicas podrían recaudar unos 968 millones de euros durante 2021.

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